Así lo hizo constar en un documento de aportaciones a la fase de consulta previa del citado proyecto de real decreto, en el que subrayó que hay que ampliar el espectro de situaciones que pueden afectar a la salud y la seguridad de las mujeres en el trabajo e influir en su productividad más allá de las relacionadas con la protección del embarazo y la lactancia porque “existen otros aspectos de las condiciones laborales que también pueden afectar a su salud”.

 

En este sentido, el movimiento CERMI expone la existencia de riesgos laborales específicos a los que se encuentran expuestas las mujeres en mayor medida tales como el acoso, menor participación en la toma de decisiones, dobles jornadas, etc.

 

En este punto, el CERMI recuerda que “existe una evidente segregación horizontal ligada a los estereotipos de género, esto no puede ser óbice para poner en marcha un sistema de protección de la seguridad y la salud en el trabajo con perspectiva de género aplicable a aquellas profesiones tradicionalmente ‘masculinizadas’”.

 

En su documento de propuestas, el movimiento CERMI advierte que todos estos riesgos tienen una especial relevancia cuando hablamos de trabajadoras con discapacidad quienes, según señala el documento “se enfrentan a mayores dificultades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo, tienen una tasa de actividad y desempleo más alta y donde el imaginario colectivo juega un importante rol, al caracterizarlas siempre como trabajadoras enfermas”.

 

“Además, muchas mujeres con discapacidad se encuentran desarrollando su trabajo en el denominado empleo protegido con la especificidad que esto comporta y las dificultades en dar un salto al mercado ordinario” subraya el informe y reconoce los Planes de Igualdad como instrumentos relevantes para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

 

En alusión a todos los impactos en la salud que menciona el documento, remarca especialmente la ausencia en muchos casos de espacios en los que desarrollar la actividad laboral plenamente accesibles e inclusivos.

 

En este contexto, el CERMI señala que se tenga en consideración la prevalencia de la violencia de género sufrida por las trabajadoras con discapacidad y abordarla desde “un enfoque interseccional”. El CERMI pide que se tenga en cuenta toda la información que vuelcan los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 a la hora de establecer una política pública eficaz para “ofrecer protección y seguridad en el trabajo a todas las mujeres sin excepción”.

 

Al respecto, plantea una serie de recomendaciones entre las que destacan la necesidad de establecer fórmulas participativas que aseguren la presencia de mujeres trabajadoras con discapacidad en toma de decisiones, asegurar que las empresas cuenten con protocolos de actuación frente a este a la violencia y el acoso machista que tome en consideración aspectos relacionados con la discapacidad desde un enfoque interseccional, entre otras recomendaciones.

 

Todo ello, está conectado con un marco más amplio de medidas de conciliación y corresponsabilidad que pasa por “ofrecer una protección específica a las familias monoparentales / monomarentales. Según el Libro Blanco sobre la protección familiar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 40% de estas familias vive en la pobreza en España, siendo la media europea del 27 %” según reza el documento.

 

En relación con los permisos de maternidad / paternidad iguales y no trasferibles, CERMI recomienda, entre otras medidas, extender su duración hasta los 6 meses “permitiendo a las madres / padres que crían a sus hijas e hijos en solitario puedan acumular ambos permisos remunerados, de tal manera que su disfrute se extienda a lo largo de un año completo”, acumulación que debe preverse en aquellos casos en los que el padre o la madre tengan una discapacidad acreditada y opten por dicha acumulación, bastando un 33% de discapacidad para optar a ella.